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(Notas de prensa de Equocordoba)

EQUO apuesta por invertir en mejorar la N-432 Badajoz-Granada y en un mantenimiento adecuado frente al desdoble

EQUO ha vuelto a insistir esta semana en la necesidad de impulsar un nuevo modelo de movilidad en el que, en vez de priorizar el transporte por carretera y las inversiones en nuevos kilómetros de autovía o líneas de alta velocidad, se dé un impulso a medios más sostenibles y que ayudan a cohesionar el territorio, como el ferrocarril convencional.

Así se han pronunciado desde la formación tras reabrirse el debate acerca de la supuesta necesidad de construir una autovía que una Badajoz y Granada -pasando por Córdoba y Jaén- que venga a sustituir a la actual carretera nacional en uso, la N-432. Pese a que han sido muchas las formaciones e incluso colectivos que han demandado esta infraestructura en los últimos tiempos, el partido verde se suma a las voces que ya se han pronunciado en contra de la misma, como Ecologistas en acción, que ha puesto el acento en el desmesurado impacto ambiental que supondría esta nueva vía, que partiría en dos Sierra Morena y discurriría, a lo largo de buena parte de su trazado, por una zona de Especial Protección Ambiental.

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“El modelo hacia el que deberíamos dirigirnos en materia de infraestructuras no pasa por seguir construyendo nuevos kilómetros de carreteras de gran capacidad con elevada afección en el entorno y alternativas claras”, ha señalado la diputada andaluza de EQUO, Carmen Molina, que precisamente, como portavoz del grupo Parlamentario de Podemos Andalucía en la Comisión de Fomento y Vivienda, viene defendiendo la necesidad de que las inversiones en el apartado de carreteras se destinen a trabajos de mejora en la red viaria ya existente, y no a nuevos trazados con los que se sigue favoreciendo el transporte por carretera, en vez de apostar por medios más sostenibles, caso del ferrocarril tradicional, que no sólo reduce las emisiones sino que además ayuda a vertebrar el territorio, favoreciendo el transporte de personas y mercancías.

“Claro que es competencia de las Administraciones garantizar la seguridad de las carreteras y el buen estado de las vías, en ese punto no tenemos nada que objetar. Pero no se puede dejar de invertir en mantenimiento, dejar de garantizar el adecuado estado de las carreteras, y luego esgrimir una alta siniestralidad para justificar nuevos kilómetros de autovía”, ha apostillado Molina, en relación a quienes señalan la N-432 como una de las vías con mayor número de accidentes y exigen en su lugar una autovía. “Se pueden mejorar firme y señalización, eliminar los puntos más conflictivos y acometer trabajos de mejora puntuales para mejorar la seguridad en esta vía en concreto; pero no tiene sentido descartarla y apostar por una enorme inversión en otra cuya finalidad fuese exactamente la misma”, ha sentenciado.

Cabe destacar que la reciente revisión del Plan de Infraestructuras PISTA 2020 –a la que la propia Molina realizó aportaciones, solicitando una apuesta clara por la mejora y recuperación del trazado del tren convencional e inversión real para el Plan Andaluz de la Bicicleta- arrojó que Andalucía duplica la media europea en kilómetros de autovía por habitante y por kilómetro cuadrado de superficie, lo que no quita que la mayor parte de las inversiones previstas se centren, año tras año, en ampliar la red de autovías y carreteras andaluzas, especialmente por sus réditos políticos.

“Tenemos que impulsar otras formas de movilidad y, sobre todo, aprovechar los trazados ya existentes, muchos de ellos abandonados cuando con algunas mejoras podrían prestar un gran servicio”, concluyen desde EQUO Andalucía.

EQUO Andalucía celebra los próximos 4 y 5 de marzo en Málaga su tercera Asamblea

EQUO Andalucía celebrará la que será su tercera Asamblea, desde la fundación del partido en 2011, los próximos 4 y 5 de marzo en Málaga; una cita en la que se espera la participación de decenas de militantes y simpatizantes, que deben elegir a las personas que les representarán en los órganos del partido durante los próximos dos años.

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Así, la formación está llamada a elegir a sus coportavoces –figura de representación basada en dos personas vigente en EQUO- y a los seis miembros de la Comisión Ejecutiva Andaluza, encargada de coordinar el trabajo político de la organización. Asimismo, de esta III Asamblea deben salir las estrategias tanto política como organizativa en las que EQUO Andalucía basará su trabajo durante los próximos años.

Estrategias que debe consensuar toda la militancia del partido verde, y que de hecho ya se encuentran abiertas a debate en la web de EQUO Andalucía, donde afiliados y simpatizantes pueden realizar sus aportaciones en base a los borradores que ya se han presentado.

“A poco menos de un mes para la celebración de la Asamblea, lo que queremos es fomentar la participación y garantizar la pluralidad de voces en el debate. Está en juego no sólo el futuro de nuestra organización, sino también el de nuestra tierra, ya que estamos convencidos de que EQUO jugará un papel fundamental en el diseño de la Andalucía que será”, ha señalado la coportavoz andaluza de la formación, Isabel Brito, que ha animado a las personas afiliadas y simpatizantes a inscribirse para poder participar tanto de la cita como de las decisiones que deben salir de la misma, “y sobre las que también podrán pronunciarse de forma virtual, mediante inscripción en la web de EQUO Andalucía”.

Igualmente, el partido verde está abierto a las sugerencias de cualquier otro colectivo que quiera que EQUO incorpore sus propuestas, previo debate y aprobación en la Asamblea, a su programa político.

Cabe recordar que EQUO Andalucía defiende la ecología política, proponiendo un proyecto protector de las personas, que busca asegurar sus derechos y la justicia social, abriendo las instituciones a la participación ciudadana, implantando un nuevo modelo económico –favoreciendo una transición ecológica de la economía, creando empleos verdes- , energético –en base a las renovables, para frenar el cambio climático y acabar con la pobreza energética- y social, en el que se empodere a las mujeres y se promueva la igualdad real.

EQUO reclama al Gobierno andaluz que apuesten por una industria verde y de futuro para Andalucía

EQUO Andalucía ha reclamado este martes que se apueste por una industria verde “de futuro” para Andalucía, impulsora de “empleos no deslocalizables, estables y que no agredan nuestro territorio”. Así lo ha solicitado la coportavoz de EQUO Andalucía, Isabel Brito, ante la firma, por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y UGT-A y CCOO-A del Pacto Andaluz por la industria; un pacto que “debería abrirse a otras organizaciones políticas, sindicales y sociales para aportar propuestas que permitan conseguir una industria verde para Andalucía que mejore nuestra calidad de vida y genere empleos sostenibles”.

En este sentido, desde EQUO Andalucía se quiere dejar claro que “la apuesta por la industria verde no pasa por un modelo deslocalizable, basado en las energías fósiles, que destruye empleo, genera precariedad y en muchos casos encarece los servicios prestados a la ciudadanía”. El partido verde considera que “el tiempo en el que se ha permitido a las grandes empresas de sectores altamente contaminantes como el de las energías fósiles explotar nuestros recursos, destruir empleos y abandonar los residuos sin pagar los costes de su correcta gestión, ha pasado”, señalando que “un modelo industrial que socializa sus pérdidas y sólo engorda la cuenta de beneficios de las empresas no puede ser la punta de lanza del futuro de la industria en Andalucía”.

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Tal y como señalan desde EQUO, entre las firmantes de este Pacto por la Industria hay empresas de algunos de los sectores que “han utilizado de forma insostenible nuestros recursos, suelo, agua y aire, habiendo generando pérdidas en ocasiones irreparables para el territorio andaluz. Algunas de ellas han contribuido a sostener un modelo industrial obsoleto que sobreexplota los recursos naturales y no deja valor añadido en el territorio, habiendo adquirido una deuda ambiental histórica con Andalucía, como así ha ocurrido en Huelva con el Polo Químico o en otras zonas como el Campo de Gibraltar”.

La industria verde del siglo XXI tiene que generar productos o servicios previniendo la producción de residuos y haciéndose cargo de los costes de su gestión, cumpliendo a rajatabla el principio de que “quien contamina paga”.

Por ello, EQUO Andalucía apuesta por el impulso de una industria verde sustentada en la economía circular que convierta los residuos en recursos, la eficiencia energética o las energías renovables, facilitando la adquisición de formación e incentivos económicos que realmente faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas, “sin tantas trabas burocráticas y legales como viene ocurriendo con los incentivos actuales, que no dinamizan con eficacia las inversiones en ambos sectores”.

Desde la formación destacan además el papel de “la mujer como elemento clave en torno al que debe girar el modelo industrial del siglo XXI para Andalucía, apostando por la igualdad y por acabar con la brecha salarial de género –las mujeres cobran de media en Andalucía 5.875 euros menos al año que los hombres-, pues es la industria uno de los sectores donde la misma es más patente”.

“Los desafíos globales como el cambio climático nos obligan a hacer una propuesta de industria verde que contribuya a generar una economía descarbonizada y permita mejorar la calidad de vida de los andaluces y las andaluzas y recuperar el equilibrio del planeta”, ha concluido Isabel Brito.

EQUO pone de manifiesto que la Renta mínima no puede estar por debajo del umbral de la pobreza

El pasado jueves se presentó ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Comisiones Obreras y UGT sobre renta mínima, donde se plantea establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social.

Desde EQUO creemos que el planteamiento de la ILP propuesta es insuficiente, y contrario al derecho internacional reconocido y firmado por España (Carta Social Europea). Por ello desde EQUO queremos señalar lo siguiente:

Que, estando de acuerdo en algunas de las premisas que se plantean en la declaración de motivos de la ILP, como es que el sistema de protección social debe garantizar unos recursos mínimos que permitan vivir con dignidad a quienes carecen de ellos o les son insuficientes, no es admisible plantear, como se plantea en esta ILP, una renta mínima situada por debajo del umbral de pobreza.
Que el estado español ya tiene la obligación de satisfacer esta exigencia, pues es un derecho reconocido en la Constitución y de obligado cumplimiento.
Que España ha firmado la Carta Social Europea, una carta que obliga a los países firmantes a establecer un sistema de prestaciones mínimas.
Que, en cumplimiento de esta Carta, España ya tiene establecido un sistema de rentas mínimas cuya aplicación está delegada en las Comunidades Autónomas. Que, como consecuencia, las diferentes CCAA disponen cada una de su correspondiente ley de renta mínima, y que cada una de ellas adopta unas condiciones y características diferentes.
Sin embargo, este sistema es muy insatisfactorio y requiere una reforma en profundidad; primero, para no discriminar a unos ciudadanos sobre otros según la Comunidad Autónoma en la que residan, segundo, para cumplir los mínimos exigibles por la propia Carta Social -según ha sido interpretada por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe de 2014 donde se reclama a España el cumplimiento de ciertos compromisos de la Carta-, y tercero, para asegurar la responsabilidad y la garantía del gobierno central en el cumplimiento del derecho que tienen todas las personas a una prestación económica en caso de necesidad.

Que el Comité Europeo de Derechos Sociales está reclamando a España que las rentas mínimas deben estar situadas por encima del umbral de pobreza. Según las últimas estadísticas disponibles de EUROSTAT ese umbral está situado en 663,31 euros, por lo que no es admisible solicitar una renta mínima por debajo de esta cuantía, tal y como recoge la ILP presentada por CCOO y UGT, en la que establecen una cifra muy inferior, de 426 euros. Incluso, señalamos, que las rentas mínimas actuales del País Vasco y Navarra, aún situadas por debajo del umbral de pobreza, son netamente superiores a la cuantía que solicitan estos sindicatos, como también lo será la recientemente aprobada por la Comunidad Valenciana.
Por lo tanto, de ser aprobado este proyecto redundaría en un recorte y disminución sobre las prestaciones ya existentes en algunas comunidades autónomas de las que se benefician muchos ciudadanos y ciudadanas.

Estamos de acuerdo en que se debe reformar el sistema de protección social, dentro de la ley de Seguridad Social; y que se debe, sobre todo, incrementar el gasto social en proporción adecuada, tal como recoge el planteamiento de los sindicatos, pero es prioritario y urgente en estos momentos, el cumplimiento de la Carta Social en los términos reclamados a España por el Comité Europeo de Derechos Sociales:

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Ninguna renta mínima debe estar situada por debajo del umbral de pobreza (esto es independiente del establecimiento de una renta mínima garantizada unificada a nivel estatal o de mantener el actual sistema delegado a las Comunidades Autónomas).
Las rentas mínimas deben mantenerse mientras dure la necesidad que haya suscitado su aplicación.
No será exigible tiempo de empadronamiento, ni límites de edad.
La única condición exigible es encontrarse en estado de necesidad, la renta mínima en ningún caso puede ser a cambio de la realización de cursos de formación, búsqueda activa de empleo, etc.
Igualmente, reivindicamos la necesidad de empezar a valorar seriamente la Renta Básica Universal e Incondicional y reclamamos la creación de una comisión técnica de estudio parlamentaria que realice una propuesta de implementación.

EQUO lamenta que la Junta de Andalucía prime los intereses del sector hostelero sobre los de los peatones y residentes

Para el partido verde, el nuevo reglamento tendría que resolver la continua y exagerada ocupación que los establecimientos hosteleros vienen haciendo en los últimos años de la vía pública, como sucede en Córdoba y diversos municipios de la provincia.

El borrador de Decreto que el Gobierno andaluz prepara para regular las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, y los horarios que rigen su apertura y cierre, pone por encima del interés general los intereses del sector hostelero, a los que se permite la instalación de veladores en la práctica totalidad de zonas, incluso las residenciales.

De este modo, el Gobierno andaluz da el visto bueno –y deja el balón en el tejado de los Ayuntamientos- a la instalación de terrazas en cualquier ubicación, aunque señala la necesidad de priorizar los suelos de uso recreativo y de espectáculos, los turísticos y los industriales que no hayan sido considerados previamente zonas acústicas especiales.

“Es evidente que había que actualizar la norma, pues la vigente es de hace más de una década, pero no estamos de acuerdo en el sentido en el que se hace”, ha señalado nuestra coportavoz, Isabel Brito, que considera que el nuevo reglamento tendría que venir a resolver la continua y exagerada ocupación que los establecimientos hosteleros vienen haciendo en los últimos años de la vía pública, y que “supone en la práctica la privatización del espacio de todos y todas, que pasar a ser utilizado con unos intereses particulares”.

En EQUO consideramos que los espacios que deben reservarse a la instalación de veladores de los establecimientos privados no deberían nunca colisionar con el derecho que cualquier persona tiene a desplazarse por la calle, algo que como estamos viendo especialmente en estos días festivos en nuestros pueblos y ciudades, se ha vuelto misión imposible en muchas zonas. Igualmente, la norma debería además garantizar el derecho al descanso de los vecindarios y no de manera abstracta como lo hace, sino de forma concreta, estableciendo zonas en las que los mismos deben estar prohibidos por la noche y determinando horarios y condiciones que eviten la discriminación de los ciudadanos en función del lugar en el que habiten.

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En el borrador del Decreto se recoge también que discotecas y pubs que no tengan dentro espacios al aire libre pueden habilitar terrazas, lo que amplía la ocupación del espacio público por parte de los negocios y viene a sumarse al problema que ya de por sí supone el hecho de que fumadores y acompañantes suelan agolparse en el exterior de estos locales sin ningún tipo de control, ocasionando inevitablemente ruido y entorpeciendo el paso.

Por ello, para EQUO Andalucía, deben priorizarse las necesidades de la mayoría ciudadana que ha de poder hacer uso de la calle libremente y sin impedimentos constantes y abusivos, que se multiplican en el caso de las personas con diversidad funcional. Parece que este nuevo reglamento, al que alegaremos cuando se encuentre en periodo de información pública, no viene a mejorar la complicada situación con la que nos encontramos actualmente. Por eso solicitamos al Gobierno andaluz que tenga en cuenta las peticiones y propuestas que, sin duda, llegarán por parte de asociaciones y colectivos vecinales y sociales que vuelven a salir perdiendo frente al sector hostelero.

 

EQUO reclama una ley de asistencia personal para promover la vida independiente de las personas con diversidad funcional

La Ley de Dependencia, de por sí insuficiente, ni siquiera se aplica adecuadamente, y en el diseño de nuestras ciudades aún no se tiene realmente en cuenta la diversidad humana.

EQUO ha reclamado esta semana más atención a las necesidades de las personas con distintas realidades funcionales, que “acaban un año más como las grandes víctimas de la crisis”. Así, el partido verde considera que durante este 2017 “las personas con diversidad funcional han vuelto a ser las grandes olvidadas en unas políticas que no sólo no las han tenido en cuenta, sino que han vuelto a recortar en iniciativas que promueven la igualdad real”.

De este modo se ha pronunciado la coportavoz de EQUO Andalucía, Isabel Brito, que ha señalado además que “pese a que en las últimas semanas hemos visto cómo se ha querido poner en valor como un gran logro la Ley de Dependencia, la misma no puede considerarse ni mucho menos un éxito”. Y no puede porque, para EQUO, una ley que no promueve la autonomía ni la vida independiente de quienes necesitan apoyo, sino que “pretende perpetuar las responsabilidades del entorno familiar –especialmente de las mujeres- o crear una red asistencial en precario es una ley abocada al fracaso”.

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Frente a un sistema que malpaga a trabajadoras y sólo enriquece a las empresas del tercer sector; cubre necesidades sólo en parte, impidiendo la independencia tanto de la persona con diversidad funcional, como del familiar que habitualmente no tiene más remedio que quedarse a su cargo; y carece de la regulación necesaria para garantizar las condiciones tanto de quienes lo prestan, como de quienes lo reciben, desde el partido verde apuestan por políticas que promuevan de forma efectiva la independencia de estas personas, y una legislación que contemple, frente a la subcontratación en precario actual, el pago directo a los usuarios para que sean ellos quienes gestionen su asistencia personal, debidamente justificada con contratos y nóminas legales, bien mediante contratación directa o a través de pequeñas entidades gestionadas por los propios usuarios, llamadas Oficinas de Vida Independiente (OVI).

Así, para EQUO, el sector de los cuidados “puede y debe generar mucho empleo digno, estable, de calidad y no deslocalizable en los años venideros; por eso urge una nueva ley sobre Asistencia Personal que lo regule y garantice que todas las personas que lo requieran tengan acceso efectivo”.

Asimismo, más allá del impulso a una legislación que garantice la asistencia a personas dependientes, desde el partido verde han lamentado que la crisis haya paralizado las políticas que promueven el empoderamiento de las personas con diversidad funcional, que aún no son realmente tenidas en cuenta en el diseño de nuestras ciudades ni de nuestras redes de transporte. Así lo ha señalado Estela Martín, coportavoz de EQUO Málaga y miembro de las Juntas Directivas de VIAndalucía y FEVI, quien destaca la importancia de “facilitar el tránsito hacia la vida independiente y en comunidad de estas personas. Se trata de derechos fundamentales que se están incumpliendo, y que como tales hay que garantizar en todas y cada una de las políticas que impulsamos desde las distintas instituciones”.

EQUO apuesta por una alternativa político-social superadora del capitalismo y el productivismo que cuide de las personas al tiempo que lo hace del planeta, acabando con la educación segregada y garantizando los recursos suficientes en los distintos ámbitos para que socialicemos en la diversidad humana, para lo que resulta imprescindible diseñar para todas las personas, garantizando la accesibilidad y visibilizando –y asumiendo- la diversidad de funcionamiento del ser humano. .

“No puede ser que las personas con distintas necesidades sean siempre las primeras víctimas de crisis y recortes, cuando es en ellas en las que más habría que invertir para garantizar que disfrutan de los mismos derechos que cualquier persona”, concluyen desde la formación.

EQUO Córdoba destaca el desarrollo de iniciativas ciudadanas autogestionadas como lo más positivo del año 2016

Considera imprescindible el protagonismo de la ciudadanía para conseguir los necesarios avances sociales.

En el balance político del año que finaliza, los portavoces provinciales de EQUO en Córdoba, Ana María Carnero y Salustiano Luque, se hacen eco de la decepción que gran parte de la ciudadanía experimenta al ver frustradas o significativamente mermadas las expectativas de cambio político y social que se auguraban al comenzar 2016. “Una vez más, comprobamos cómo terminan imponiéndose los intereses de quienes se resisten a perder su poder y privilegios. El bipartidismo tradicional de PP y PSOE ha encontrado una estupenda muleta con el grupo político de Ciudadanos que ha dado un balón de oxígeno al inmovilismo, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz. En este contexto, no pueden esperarse del gobierno español ni del gobierno autonómico políticas diferentes a las de los últimos años, que permitan combatir eficazmente la corrupción, el desempleo, los abusos del oligopolio energético, las puertas giratorias, los recortes de servicios públicos o la violencia machista. Las iniciativas legislativas presentadas por los grupos de la oposición son sistemáticamente desechadas y los acuerdos parlamentarios -incluso los adoptados por mayoría- quedan en papel mojado cuando no son del agrado del poder ejecutivo”.

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En el ámbito local y provincial la realidad no es muy diferente. Aun cuando quienes ostentan las responsabilidades políticas públicas se comprometen con iniciativas de claro interés social, su trabajo se ve frecuentemente entorpecido por procesos administrativos ineficientes, un marco normativo asfixiante y severas limitaciones presupuestarias. Si, además, se añaden componentes de indecisión o indefinición programática, la parálisis política está servida. “Así se mantienen situaciones de desatención por parte de la Diputación Provincial a las entidades locales menores o una política opaca y clientelar en la concesión de subvenciones. En la ciudad de Córdoba vemos con preocupación cómo se pierden inversiones por incapacidad para gestionarlas, sigue enquistada un año más la utilización de infraestructuras como el Polideportivo de Fidiana o el Pabellón de la Juventud y se alargan en el tiempo decisiones imprescindibles sobre movilidad sostenible y carril bici, veladores en las calles o la denegación de permiso a la fábrica de cementos para quemar residuos en sus hornos, por poner algunos ejemplos”.

Ante esta realidad, para EQUO se hace evidente la necesidad de que la ciudadanía asuma cada vez un mayor protagonismo que empuje y exija a las instituciones públicas el cumplimiento de sus funciones al servicio del interés común. “Entendemos la democracia como un ejercicio continuado de ciudadanía activa, no solo como el derecho a votar cada cierto tiempo. Pero sabemos que no podemos conformarnos con la denuncia y reivindicación a los poderes e instituciones públicas. Si de verdad queremos la transición a un sistema social, económico y político más justo, igualitario, sostenible y democrático, hemos de ser agentes y protagonistas de ese cambio”. Por eso, para EQUO la mejor noticia de este año ha sido comprobar cómo se consolidan importantes iniciativas ciudadanas y van surgiendo con fuerza otras nuevas en ámbitos y con características muy diferentes entre sí pero compartiendo los valores de la cooperación, los bienes comunes, la gestión horizontal y participada, el respeto a la diversidad y la solidaridad con el entorno social y natural.

Entre otras muchas de estas iniciativas, EQUO destaca este año en la provincia de Córdoba la constitución del Ecomercado mensual que ha permitido una mayor coordinación y proyección pública del trabajo que desde hace tiempo vienen llevando a cabo muchas personas y colectivos produciendo y elaborando alimentos ecológicos, artesanía y distribución de proximidad a través de cooperativas de consumo. Es especialmente encomiable la trayectoria que en esta línea está llevando a cabo la cooperativa Subbética Ecológica, demostrando en la práctica la viabilidad de la Economía del Bien Común.

En el ámbito de la comunicación e información, cabe destacar el proyecto de la asociación Paradigma Media Andalucía que recientemente ha visto la luz, como iniciativa sin ánimo de lucro para una información alternativa multicanal de alcance provincial.

El proyecto de Ruta Subbeticana promovido por las asociaciones ACPRELADE y Lucena Verde constituye una interesantísima alternativa de promoción del turismo sostenible y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de los municipios de la Subbética cordobesa que ha comenzado ya sus primeros pasos con una halagüeña perspectiva de desarrollo económico y generación de empleo.

La consolidación organizativa y funcional del espacio político-ciudadano de Ganemos Córdoba representa, por su parte, una valiosísima experiencia de democracia directa y participación ciudadana que combina el trabajo institucional con la dinamización de la vida social cordobesa.

Por último, cabe recordar otras iniciativas de coordinación y cooperación de colectivos, organizaciones sociales, sindicales y políticas que se han puesto en marcha a lo largo del presente año para difundir e impulsar en la provincia de Córdoba objetivos como la libertad de conciencia, la lucha contra el cambio climático, la renta básica universal o la lucha contra los acuerdos internacionales de libre comercio (TTIP, CETA y TISA).

Los portavoces provinciales de EQUO han expresado la satisfacción de su organización por este florecimiento de iniciativas que surgen desde la base y que ponen claramente de manifiesto que buena parte de la ciudadanía actúa con generosidad, solidaridad y responsabilidad en los asuntos de interés común, a pesar de los estereotipos de competitividad, consumismo e insolidaridad que los grandes medios de masas pretenden presentarnos como referencias y ejemplos a seguir.

EQUO analiza junto a IU nuevos espacios de cooperación política en Andalucía

La coportavoz y la parlamentaria de EQUO Andalucía se han reunido esta semana con el coordinador de IU para estudiar el escenario político andaluz, en el que ven muchos espacios comunes. Esta misma reunión se replicará con la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

Esta semana hemos mantenido un encuentro con Izquierda Unida para analizar los posibles escenarios futuros de cooperación política en nuestra región. En concreto, en la reunión participaron el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, la coportavoz de EQUO Andalucía, Isabel Brito, y la parlamentaria andaluza, Carmen Molina.

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El objeto de la reunión era mantener una primera toma de contacto para abordar la actual situación respecto al escenario de cooperación política abierto tras las últimas Elecciones Generales, en las que ambas formaciones concurrieron en la coalición Unidos Podemos. “Tenemos claro que cada una de las organizaciones debe mantener su propia identidad, aunque coexistimos en espacios comunes y tenemos que dar continuidad al trabajo conjunto”, ha señalado Brito tras el encuentro.

Ambas formaciones, al igual que Podemos -con cuya secretaria general, Teresa Rodríguez, EQUO también mantendrá un encuentro próximamente– trabajamos de la mano junto a otras organizaciones y colectivos en diversas plataformas -contra el TTIP, Salvemos Doñana, Nuevo Modelo Energético, contra la precarización,…- en las que la lucha común está dando buenos resultados y estamos consiguiendo aglutinar a una ciudadanía que aún identificada con siglas diferentes, comparte objetivos de justicia social y medioambiental.

Desde EQUO Andalucía hemos insistido en la necesidad de ser capaces de construir, desde la colaboración entre organizaciones que comparten objetivos y base, un espacio que ofrezca una alternativa para el futuro de Andalucía y saque las instituciones del hastío, conformismo y abandono al que las tiene sometida el PSOE.

EQUO Andalucía trasladó así al coordinador general de IU que en este espacio de cooperación nos presentamos como un partido que aborda de forma transversal todos los ámbitos-educativo, económico y social-, con un concepto de Europa en el que los desafíos globales pasan por la lucha frente al cambio climático y por la transformación de la sociedad desde el respeto a nuestros recursos naturales, y que cree firmemente en un cambio de modelo productivo en el que las grandes corporaciones dejen de colonizar el territorio a costa de depredar nuestros recursos y perpetuar las desigualdades.

EQUO define el acuerdo sobre pobreza energética como una estafa

El PP, PSOE y Ciudadanos han pactado un acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros, que impulsará un Real Decreto por el que se pretenden regular los cortes de suministros eléctricos a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo este acuerdo, que deja de lado tanto a la sociedad civil, como al resto de partidos en el Congreso, no prohibirá los cortes de luz de manera inmediata, como reclamaban numerosas organizaciones sociales. Para hacer frente de manera efectiva al problema se debería aplicar de manera inmediata el principio de precaución, legislando la prohibición de realizar cortes de los suministros eléctricos sin la autorización de los servicios sociales correspondientes.

A este respecto el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha declarado durante la rueda de prensa posterior que no se están produciendo cortes del suministro a hogares vulnerables, puesto que ya hay algunos acuerdos de comunidades autónomas que son efectivos. Sin embargo hoy se ha conocido que un juzgado ha suspendido cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética, lo que contradice lo asegurado por el ministro.

Con este Real Decreto se pierde la oportunidad de actuar de forma decidida contra la pobreza energética y evita además que continúe el debate político sobre el tema. Las medidas que deben entrar en vigor para impedir de forma efectiva el corte de suministro pueden tardar en aplicarse hasta en tres meses, es decir, cuando el invierno haya pasado. ¿Cuántos más casos como el de Reus se pueden producir hasta entonces?

Las medidas que contiene el Decreto son insuficientes y poco claras. En la parte referida a la financiación del bono social, el decreto incluye que su coste se repartirá entre todas las comercializadoras, proporcionalmente a su cuota de mercado. Esto hará, según Nadal, que el coste sea asumido por el 100% del mercado y no por el 94% (compuesto por las grandes comercializadores) que lo asumía anteriormente. Sin embargo, esto supone en realidad cargar con unos costes a pequeñas comercializadoras que no podrán ofrecer el bono social, y que no reciben los beneficios de las grandes compañías, que al estar en todas las fases del sistema eléctrico si reciben beneficios por otros conceptos:  Disponibilidad, incentivos a la inversión, pagos por capacidad, windfall profit en la subasta, déficit de tarifa, mercado de emisiones,etc.

Igualmente, el reparto de la carga que prevé el RD es por clientes, es decir, en principio considera igual a un cliente gran consumidor que a un usuario doméstico. Existen comercializadoras que están facturando cientos de millones de euros, pero de unos pocos cliente, grandes consumidores. Esto recarga aún más sobre los usuarios domésticos el peso del bono social.

Todas las empresas energéticas de los distintos segmentos (generación, transporte, distribución y comercialización) deberían asumir el coste del bono social en función de los ingresos obtenidos, no del número de clientes.

Así mismo, en el decreto aparece, pero no están definidos los criterios, la figura de usuario vulnerable severo y en riesgo de exclusión social apoyado por las Administraciones Públicas; el coste de esa ayuda será soportado por las distribuidoras, incluido en el bono social.  El corte de suministro se efectuará a los dos meses de notificar el impago; en el caso de usuarios vulnerables severos y que estén siendo asistidos por servicios sociales y con informe, el corte será después de 4 meses de impago.

Reclamamos que los descuentos de la factura deberían llegar al 100% en el caso de unidades familiares sin ingresos, así como la aplicación del IVA reducido a los suministros energéticos. La propuesta presentada por el Gobierno es de tipo asistencial, y deja de lado medidas estructurales que tendrían una mayor incidencia en el problema, como la  rehabilitación de viviendas, autoconsumo, educación energética,etc, y  no restringir este tipo de medidas solo a la electricidad, sino también al suministro de gas. La pobreza energética es un síntoma más de la pobreza generalizada y precariedad que el país está viviendo.

Es necesaria una reforma íntegra del sector energético que incluya una auditoría integral del déficit de tarifa; la transformación profunda del funcionamiento y regulación del sector energético para que la población consumidora sea parte activa en la cobertura de sus necesidades energéticas y avanzar hacia un sistema basado en la fiscalidad medioambiental que penalice las fuentes de energía contaminantes y favorezca el desarrollo de las energías provenientes de recursos renovables autóctonos e inagotables.

EQUO Córdoba se suma a las movilizaciones contra la pobreza energética

Para el partido verde es básico garantizar el servicio a los hogares vulnerables y caminar hacia un modelo de pago de servicios energéticos basado en los niveles de renta.

EQUO hace un llamamiento a apoyar las diversas movilizaciones que se desarrollarán el próximo miércoles en 40 ciudades españolas para exigir ‘no más cortes de luz’ a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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EQUO acudirá a las manifestaciones convocadas, y sus coportavoces federales y diputados, Rosa Martínez y Juantxo López de Uralde, acudirán a la convocatoria de Madrid, que saldrá a las 18,30 horas  desde Cibeles.

Desde EQUO se reclama la aplicación del principio de precaución, esto es que no se corte el suministro sin comprobar la situación del hogar afectado, ya que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a la energía de toda la población. El acceso a la energía es un derecho básico, y no un lujo. Por eso debe dejar de ser un negocio para el oligopolio, y garantizarse a todo el mundo. Necesitamos un modelo energético justo con las personas, y limpio para no seguir destruyendo el planeta. El bono social no ha sido, y no es, eficaz para eliminar la pobreza energética. No podemos seguir poniendo parches, necesitamos medidas que garanticen realmente el acceso a la energía de toda la población en unas condiciones justas, dependiendo del nivel de renta y la situación de cada familia.

“Reclamamos la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos. Queremos poner fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigimos al Gobierno que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta” ha declarado el coportavoz provincial Salustiano Luque.

Para el partido verde es necesario avanzar hacia un modelo de pago de servicios energéticos basado en los niveles de renta que garantice el suministro; y que de la misma manera que ha habido consenso en que las empresas eléctricas sufraguen el bono social, hay que buscar el acuerdo y la fórmula para que se asuma esta nueva modalidad, que asegure el acceso justo a un servicio básico.

La formación ecologista reclama que es necesaria una auditoría del sector eléctrico que permita saber cuál es su situación, determinar exactamente el origen del déficit de tarifa y promover un cambio hacia un modelo energético basado en las energías renovables.

Por último la coportavoz de EQUO en Córdoba Ana María Carnero solicita “la participación en la concentración que tendrá lugar el miércoles 21 de diciembre en la plaza de la Corredera a las 18,30 y espera que el Ayuntamiento de Córdoba se sume a la iniciativa “No más cortes de luz” y que el próximo miércoles los edificios municipales permanezcan apagados entre las siete y las ocho de la tarde-noche como señal de protesta y sensibilización ciudadana contra la pobreza energética.