EQUO define el acuerdo sobre pobreza energética como una estafa

El PP, PSOE y Ciudadanos han pactado un acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros, que impulsará un Real Decreto por el que se pretenden regular los cortes de suministros eléctricos a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo este acuerdo, que deja de lado tanto a la sociedad civil, como al resto de partidos en el Congreso, no prohibirá los cortes de luz de manera inmediata, como reclamaban numerosas organizaciones sociales. Para hacer frente de manera efectiva al problema se debería aplicar de manera inmediata el principio de precaución, legislando la prohibición de realizar cortes de los suministros eléctricos sin la autorización de los servicios sociales correspondientes.

A este respecto el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha declarado durante la rueda de prensa posterior que no se están produciendo cortes del suministro a hogares vulnerables, puesto que ya hay algunos acuerdos de comunidades autónomas que son efectivos. Sin embargo hoy se ha conocido que un juzgado ha suspendido cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética, lo que contradice lo asegurado por el ministro.

Con este Real Decreto se pierde la oportunidad de actuar de forma decidida contra la pobreza energética y evita además que continúe el debate político sobre el tema. Las medidas que deben entrar en vigor para impedir de forma efectiva el corte de suministro pueden tardar en aplicarse hasta en tres meses, es decir, cuando el invierno haya pasado. ¿Cuántos más casos como el de Reus se pueden producir hasta entonces?

Las medidas que contiene el Decreto son insuficientes y poco claras. En la parte referida a la financiación del bono social, el decreto incluye que su coste se repartirá entre todas las comercializadoras, proporcionalmente a su cuota de mercado. Esto hará, según Nadal, que el coste sea asumido por el 100% del mercado y no por el 94% (compuesto por las grandes comercializadores) que lo asumía anteriormente. Sin embargo, esto supone en realidad cargar con unos costes a pequeñas comercializadoras que no podrán ofrecer el bono social, y que no reciben los beneficios de las grandes compañías, que al estar en todas las fases del sistema eléctrico si reciben beneficios por otros conceptos:  Disponibilidad, incentivos a la inversión, pagos por capacidad, windfall profit en la subasta, déficit de tarifa, mercado de emisiones,etc.

Igualmente, el reparto de la carga que prevé el RD es por clientes, es decir, en principio considera igual a un cliente gran consumidor que a un usuario doméstico. Existen comercializadoras que están facturando cientos de millones de euros, pero de unos pocos cliente, grandes consumidores. Esto recarga aún más sobre los usuarios domésticos el peso del bono social.

Todas las empresas energéticas de los distintos segmentos (generación, transporte, distribución y comercialización) deberían asumir el coste del bono social en función de los ingresos obtenidos, no del número de clientes.

Así mismo, en el decreto aparece, pero no están definidos los criterios, la figura de usuario vulnerable severo y en riesgo de exclusión social apoyado por las Administraciones Públicas; el coste de esa ayuda será soportado por las distribuidoras, incluido en el bono social.  El corte de suministro se efectuará a los dos meses de notificar el impago; en el caso de usuarios vulnerables severos y que estén siendo asistidos por servicios sociales y con informe, el corte será después de 4 meses de impago.

Reclamamos que los descuentos de la factura deberían llegar al 100% en el caso de unidades familiares sin ingresos, así como la aplicación del IVA reducido a los suministros energéticos. La propuesta presentada por el Gobierno es de tipo asistencial, y deja de lado medidas estructurales que tendrían una mayor incidencia en el problema, como la  rehabilitación de viviendas, autoconsumo, educación energética,etc, y  no restringir este tipo de medidas solo a la electricidad, sino también al suministro de gas. La pobreza energética es un síntoma más de la pobreza generalizada y precariedad que el país está viviendo.

Es necesaria una reforma íntegra del sector energético que incluya una auditoría integral del déficit de tarifa; la transformación profunda del funcionamiento y regulación del sector energético para que la población consumidora sea parte activa en la cobertura de sus necesidades energéticas y avanzar hacia un sistema basado en la fiscalidad medioambiental que penalice las fuentes de energía contaminantes y favorezca el desarrollo de las energías provenientes de recursos renovables autóctonos e inagotables.

Deja una respuesta