Incineración ‘versus’ residuo cero / ¿A qué futuro nos conducen?

La actividad humana, basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía, ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud, motivo por el que en todos los países existen unos límites impuestos a determinados contaminantes.

Son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones en la salud, y en zonas urbanas son motivo de preocupación, siendo ancianos y niños especialmente vulnerables. Esta preocupación ha generado Plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos en aquellos lugares donde existen instalaciones que lo hacen. ¿Quién puede aceptar de buen grado que coloquen cerca de su casa una instalación que queme residuos y ensucie el aire que respira, por mucho que garanticen el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar efectos? Hace apenas unos meses que pude comprobar en persona la alarmante cercanía de la cementera que Cosmos tiene en Córdoba con viviendas y colegios.

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La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras que están dedicando sus plantas a la coincineración de residuos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales, y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. En este orden, y de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética- habrá de tener la misma consideración que la eliminación –última opción en la jerarquía-.

Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2.

Debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente, a pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética. Sin embargo tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres. La poca producción energética de la incineración no compensa el ahorro energético que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Además, las industrias cementeras y las incineradoras reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión de CO2, al considerarse falsamente que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales.

En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas con los puestos de trabajo, habría que aclarar que hay una serie de impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos. Impactos lógicamente ligados a las repercusiones sobre la calidad ambiental, en especial sobre la calidad del aire, una circunstancia a la que es especialmente sensible la actividad agroalimentaria y también el turismo. La contaminación atmosférica causa daños en los cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades.

Más allá de los efectos directos de dioxinas y otros compuestos emitidos, hay preocupación con su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia y la ingestión de los alimentos de origen animal contaminados. Por ello hay estrictas normativas que limitan el contenido de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La detección de producciones agrícolas contaminadas supondría un duro golpe para el productor y su entorno económico. Por tanto, la sola posibilidad de deteriorar la calidad del aire tendrá una traducción económica que no se suele valorar.

Por el mismo motivo, en relación al empleo se deberá contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores como el agrícola. Porque perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y posibles certificaciones de calidad. Se hipoteca así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar. Un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo. Y en cuanto al empleo directo que se genera en estas plantas, basta decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje.

Según la fundación Amigos de la Tierra, si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje, la UE podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector.

5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan cada año en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría la eliminación de aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes de la atmósfera. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por diez la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos.

Por tanto, el reciclaje además de ecológico y positivo para la naturaleza, puede ayudarnos a mejorar la economía. Una razón más para que nos concienciemos de la necesidad de reciclar nuestros residuos en lugar de dejar que se los “valorice energéticamente” incinerándolos.

Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos.

Carmen Molina, diputada autonómica y coportavoz de EQUO Andalucía

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