EQUO reclama el fin de la impunidad urbanística y el derribo del 100% de las naves de Rafael Gómez

El partido EQUO considera que es un grave error aprobar el Plan Especial de la Carretera de Palma dando cobertura a las naves ilegales construidas en la antigua Colecor y permitiendo la legalización del 65% de las cuatro hectáreas edificadas.

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Según Diego Rodríguez, coportavoz de EQUO Córdoba “el hecho de que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobara este Plan definitivamente y por unanimidad de los cuatro grupos políticos representados ofrece una imagen débil de la administración, permisiva con el incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad”.

“En cualquier caso”, precisa Rodríguez, “esperamos que la aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento no llegue a producirse, porque se agravarían los problemas urbanísticos de la ciudad defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general que debe perseguir nuestro Gobierno Municipal”.

Para EQUO,  las actuaciones en materia urbanística deben planificarse con una visión a largo plazo, estableciendo claramente límites para proteger el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio, además de promover unos valores de respeto a la legalidad vigente y el bien común, así como un urbanismo compacto y sostenible.

La coportavoz de la formación ecologista, Eladia Cuevas, considera  que “esta aprobación iría en la misma línea de permisividad y laxitud que se lleva reproduciendo en la ciudad con muchas parcelaciones claramente ilegales, pero con características que componen un caso aún más grave, como el hecho de que no se haya cobrado aún la multa de 24,6 millones de euros”.

Finalmente, EQUO no entiende el extraño cambio de opinión del PP, que en la oposición criticó lo que ahora apoya, y exige que sean revisadas las conclusiones del Plan Especial con el fin de alcanzar la restitución de la realidad preexistente, concluyendo con la demolición del 100% de lo construido. Por ello estima necesario la implicación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, competente en ordenación del territorio, para la consecución de este objetivo.

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