Desahuciados: Los nuevos excluidos sociales.

La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”.

El crecimiento económico generado en España, desde el año 2000, ha estado íntimamente ligado a la construcción de viviendas incentivada por  el Gobierno del Partido Popular, lo que generó un sobreendeudamiento en gran parte de la población.

Las entidades financieras concedieron préstamos hipotecarios a todos los solicitantes  sin ser rigurosos en la concesión de los mismos y con condiciones abusivas y de difícil comprensión para los clientes, aprovechándose de su escasa educación financiera.

Son las entidades financieras las que deben de evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y no ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso. Deberían haber limitado la concesión de préstamos hipotecarios a un porcentaje inferior al 80% del valor de tasación del inmueble. Razones de solvencia de la propia entidad, como la defensa de la estabilidad del sistema financiero la justifican, pero es también una medida legal de defensa del cliente para evitar el sobreendeudamiento.

Es inaceptable considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de las familias sea únicamente de éstas. El sistema no ha funcionado por parte de de las entidades de crédito, ni por parte del Banco de España como supervisor de las entidades financieras.

La actuación pasiva de unos (poderes públicos) y la connivencia de otros (fedatarios públicos, tasadores,  inmobiliarias), con grandes  beneficios por cada operación realizada, han generado que en la actualidad miles de ciudadanos no puedan hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias ante un escenario de recesión como el actual y provocando situaciones insostenibles para muchas familias.

Este proceso  es una injusticia social que condena a las familias más vulnerables y desprotegidas. Se genera así la situación de que la perdida del empleo, conlleva la perdida de la vivienda y una deuda vitalicia. No sólo no pierden el empleo y la vivienda, sino que una vez entregada la vivienda deben de responder con sus bienes presentes y futuros. El embargo de sus nóminas futuras a perpetuidad, conduce a las familias a una clandestinidad  financiera y económica para sobrevivir a su red social como antecedente a una situación de exclusión social.

Los desahuciados han pasado de  vivir dignamente a pasar por situaciones insostenibles, cayendo en una nueva categoría que se va creando, el “precariado”.

Estos nuevos excluidos sociales sin vivienda, desempleados, y sin capacidad para poder encontrar un nuevo empleo podrían, si no tienen una red social vasta que los proteja, engrosar la lista de esos 12 millones de españoles que subsisten con menos de 500 € al mes.

Por eso, Equo-Compromís en el Congreso de los Diputados reclamará y defenderá una Ley de Dación en pago que defienda a los deudores y evite que  miles de personas puedan caer en riesgo de exclusión social. Equo Córdoba anima a todos sus simpatizantes y socios a colaborar en la campaña de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y para colaborar con el grupo de trabajo del 15M en las concentraciones de apoyo a las personas que intentan desalojar en nuestra provincia.

Porque para Equo las personas son lo más importante.

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