El Día de la Tierra bajo la amenaza de privatización de bienes y servicios ambientales básicos

Hoy 22 de abril se cumplen 43 años desde la primera celebración del Día de la Tierra impulsada por Gaylord Nelson, entonces  senador de Wisconsin (EE.UU.), después de ser testigo de los estragos producidos por el derrame masivo de petróleo  en 1969 en Santa Bárbara, California. Ese día, 20 millones de estadounidenses tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sostenible en mítines masivos de costa a costa.

Día de la Tierra

Después de casi medio siglo hemos asumido la importancia de la preservación del medio ambiente y los servicios ambientales que nos proporciona y que soportan nuestra existencia.

Sin embargo, esa toma de conciencia no ha impedido que avance el deterioro de nuestro medio ambiente, espoleado por el actual sistema productivista.

La actual crisis económica está estrechamente relacionada con el consumo desbordado de recursos energéticos,  en particular, y de todo tipo, en general; recursos todos ellos finitos. Sin duda, están relacionadas la espectacular subida del precio del crudo en 2008 y la explosión de la burbuja de las subprime ligadas a las hipotecas sobre las viviendas en los EE.UU.

En estas circunstancias, en lugar de pisar el freno, para acompasar el consumo de recursos a la capacidad de producción y reposición de Tierra, quienes controlan la economía impulsan la fuga hacia adelante, cavando un hoyo más profundo, con la excusa de la supuesta búsqueda de la luz.

En nuestro país la fiebre privatizadora, que acompaña a las políticas de recortes, no se limita a los servicios públicos básicos, si no que elPartido Popular se ha lanzado a la privatización también de recursos y servicios ambientales básicos. Así, Cospedal, en Castilla La Mancha, y Fabra, en Valencia, han manifestado su intención de vender bosques comunales que a todos nos pertenecen.

En esa misma línea de actuación la modificación de la  Ley de Costas propuesta por Arias Cañete avanza hacia la privatización del litoral al ampliar la concesión en otros 75 años más y abrir la posibilidad de compra-venta de los inmuebles, dejando los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.

Otra de la modificaciones que se quiere introducir es la reducción de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, de 100 metros a sólo 20 metros, haciendo oidos sordos a los avisos de la comunidad científica sobre las consecuencias del cambio climático para nuestras costas e impulsando el nefasto modelo de negocio inmobiliario que con tan negativas señas de identidad ha marcado las consecuencias de la crisis económica en nuestro país. La posibilidad de urbanizar las zonas inmediatamente colindantes con los paseos marítimos es otra propuesta más que insiste en los mismos errores.

El proyecto de modificación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que, también, el ministro Cañete nos prepara, sigue la misma tónica y abre la posibilidad de mercantilización de la biodiversidad

A lo anterior se suma la decisión de la UE de no reconocer el carácter público de un recurso como el agua, al que la ONU le otorga el mismo rango que a los Derechos Humanos  y que facilita los intentos y propuestas de extender privatización  de este recurso en nuestras ciudades.

Por último, y sin ser exclusivo,  es muy importante, para la ciudadanía y para nuestro entorno, la reducción de residuos y la adecuada gestión de los mismos. Esta tarea tiene que estar gestionada con medios públicos, de otra manera, abandonar su gestión y tratamiento en manos privadas, cuyo principal objetivo es garantizarse beneficios en lugar la gestión y tratamientos adecuados a los residuos, tendría como consecuencia garantizar también el aumento de las agresiones a nuestro medio ambiente y en consecuencia a nosotros mismos. Por ello en EQUO  pensamos que es erróneo y torpe dejar en manos privadas actividades que SADECO viene realizando en Córdoba

 

José Larios Martón,

Comisión Ejecutiva Federal de EQUO.

Deja una respuesta