EQUO denuncia la privatización del subsuelo público por parte del Gobierno municipal

EQUO Córdoba ha mostrado su rechazo hacia la innovación del PGOU titulada “Artículo 10.1.4. de Normas Urbanísticas” promovida por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, actualmente en información pública. En palabras del representante del partido verde, Diego Rodríguez, “con este cambio en el PGOU se trata de privatizar el subsuelo público del municipio para poder construir aparcamientos y venderlos para siempre al propietario, así, estaríamos con suelo público sobre un subsuelo privado”.

EQUO Córdoba remarca que, bajo una supuesta solución al problema con el que se encuentran las iniciativas de VIMCORSA en la promoción de aparcamientos públicos en la ciudad, se está dando un paso firme en la mercantilización de un bien común como es el subsuelo de Córdoba. La Gerencia Municipal de Urbanismo argumenta que los ciudadanos no están dispuestos a entrar por el sistema de adquisición de plazas de aparcamiento en suelo (o subsuelo) público por el procedimiento de concesión administrativa por un período máximo de 75 años, así que la solución vendría por ofrecer plazas en propiedad, pero al no ser posible cuando la naturaleza jurídica del suelo es de “dominio público” y, por tanto, también su subsuelo, el Gobierno municipal se inventa un artilugio jurídico para separar las naturalezas jurídicas del suelo y subsuelo, de forma que el subsuelo de un suelo de “dominio público” deje de tener esa naturaleza y pueda comercializarse con él.

Según destaca Pepa Bonilla, coportavoz de la formación ecologista, “aprovechando la ocasión, incluyen las zonas verdes como suelos susceptibles de estas operaciones, es decir, se podrían construir aparcamientos subterráneos bajo parques y jardines, con lo que eso puede conllevar, puesto que habría que arrasar todo el parque para poder hacer el cofre de hormigón debajo y posteriormente solo se podrían sembrar especies vegetales de pequeño porte”.

EQUO Córdoba alerta de las importantes y perjudiciales implicaciones patrimoniales y ambientales que tendrá esta medida, hipotecando el futuro de la ciudad y de las generaciones que nos sucederán, en lo que no es sino otra medida más a favor de un modelo de ciudad basado en la insostenible movilidad en automóvil privado. Por tanto, se niega a aceptar este cambio en el PGOU y anuncia que presentará las oportunas alegaciones.

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